Durante los últimos tres meses se ha ido formando un caso de presunta financiación ilegal al partido Alianza PAIS, que gobernó durante 10 años en Ecuador, se mostraron indicios sobre sobornos hasta obtener la supuesta implicación del ex presidente Rafael Correa.

El pasado jueves 8 de agosto la Corte Nacional en manos de la jueza Daniella Camacho ha dictado una orden prisión preventiva contra el ex presidente Rafael Correa y ha pedido que se oficie a la Interpol una orden de busca y captura por estar supuestamente implicado en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado.

Daniela Camacho solicitó esa medida cautelar, confirmando así la solicitud que la fiscal general del Estado, Diana Salazar determinó y teniendo en cuenta, dijo, que la prisión será “legal, constitucional y convencional” y por tanto “no arbitraria”

Diana Salazar investiga actualmente un caso denominada “Sobornos 2012-2016” (Arroz Verde), en la que supuestamente están implicados otros cuatro altos ex colaboradores del Ejecutivo de Correa (2007-2008), a los que también se les impuso la misma medida cautelar el pasado jueves 8 de agosto.

El caso de Daniela Salazar surgió de una declaración periodística conocida como “Arroz Verde” la cual hacía referencia a la “receta” de reparto de sobornos entre altos funcionarios por parte de empresas como Odebrecht. Según las alusiones en clave, que fueron recopiladas en la bitácora de Pamela Martínez, quien es la asesora presidencial, el dinero era distribuido con autorización y conocimiento orden de “SP”, siglas que inicialmente eran atribuidas a “Señor Presidente”

La Fiscalía sospecha que la indagación involucra cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que fue lidereado hasta 2017 por el ex gobernante.

Daniela Camacho consideró que la prisión preventiva es una medida razonable ante la imposibilidad de dictar otro tipo de medidas idóneas que garanticen su presencia ante la justicia, tomando en cuenta que el ex presidente reside en Bélgica desde mayo del 2017, año en el que abandonó el poder. Y recordó que Rafael Correa posee en su contra una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en Colombia, en el año 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que esté se enfrente a la justicia.

Rafael Correa se niega a regresar al país porque especula que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno, con el que no tiene una buena relación desde hace dos años. Hastael momento, Rafael Correa tiene más de una docena de expedientes abiertos y no ha sido condenado por un tribunal en Ecuador.